En algunos partidos judiciales, existe controversia a la hora de llevar a cabo la tasación de costas en aquellos procedimientos abreviados cuya fase de instrucción finalizó con el juzgador considerando que el imputado pudiera ser autor de un delito y, posteriormente, en la sentencia el Juzgado de lo Penal rebaja la infracción penal del delito a la falta.
En este tipo de supuestos, es fundamental el auto de apertura a juicio oral, el cual determina los hechos que pudieran ser constitutivos de una infracción penal y les otorga la calificación correspondiente.
En aquellos casos, en los que el auto de apertura a juicio oral considere que los hechos pudieran ser constitutivos de uno o varios delitos, el órgano jurisdiccional que deberá entrar a conocer en el plenario de los mismos será el Juzgado de lo Penal, independientemente de cómo finalice el procedimiento.
En estos supuestos, siempre y cuando el imputado no salga absuelto y, por tanto, sea condenado, por al menos una falta penal, al juzgado de lo penal corresponderá hacer pronunciamiento sobre las costas del procedimiento, salvo las excepciones que recoge la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El argumento esgrimido, habitualmente, por las defensas, en el sentido de no ser preceptiva la intervención de abogado y procurador en un juicio de faltas, no es válido para este tipo de procedimientos. Precisamente, porque dependiendo del tipo de delito, lo frecuente es que nos encontremos ante un procedimiento abreviado que concluye con una sentencia de condena, independientemente de que la infracción penal por la que sea condenado el procesado, sea una falta. Por lo que, hasta el momento de la resolución judicial que pone fin al procedimiento sí ha sido preceptiva la intervención de abogado y procurador. Especialmente, lo ha sido para interponer el escrito de acusación y para personarse en un procedimiento abreviado, el cual se tramita en el Juzgado de lo Penal y no en el Juzgado de Instrucción del partido judicial correspondiente, como corresponde a los juicios de faltas.
Todas estas diferencias, son las que justifican que una vez que el imputado es condenado en una resolución firme, deba abonar las costas del procedimiento, si bien, las costas serán las correspondientes a un juicio de faltas y no a un procedimiento abreviado, toda vez que, ha sido condenado por una falta y no por un delito, por lo que el profesional en cuestión deberá reducir sus emolumentos a los que correspondería, según criterios, a un juicio de faltas.
En este sentido, se han pronunciado reiteradamente las diversas Audiencias Provinciales, así como el Tribunal Supremo. Como resumen de todas ellas, citamos la Sentencia de la Audiencia
Provincial de Cantabria, Sección 1ª, Sentencia de 26 Jul. 2001, rec. 59/2001,
FJ 1º:
“PRIMERO: Alega el apelante que al
habérsele absuelto del delito y condenado, finalmente, por falta, las costas
deben corresponder a un juicio de faltas, a lo que añade que no siendo
necesaria la intervención en el juicio de faltas del Abogado ni del Procurador
procede declarar indebidos sus derechos y honorarios.
De conformidad con el criterio mantenido por el Tribunal Supremo las costas deberán ser las correspondientes a un juicio de faltas, al
habérsele absuelto al acusado del delito imputado y habérsele condenado por
falta, pero debemos de añadir que el hecho de que no sea preceptiva o necesaria la asistencia técnica de Abogado
ni de Procurador en el marco del proceso por falta, no es argumento suficiente
por sí para excluir de las costas los honorarios de Letrado que defendió los
intereses de quién ejercitó la acción penal contra la persona definitivamente
condenada y los derechos de Procurador, ya que en el supuesto que nos ocupa
la intervención de estos profesionales era necesaria, pues las diligencias
previas se elevaron a procedimiento abreviado y la causa se siguió por delito,
aunque finalmente se le condenó por
falta; se dilucidaron en el proceso penal pretensiones civiles
cuantitativamente importantes, complejas, que exigen conocimientos jurídicos de
los que carecen la práctica totalidad de quienes resultan perjudicados a raíz
de una accidente de circulación y, asimismo,
el nombramiento de letrado y Procurador era también necesaria para la
efectividad de los principios de igualdad de defensa, contradicción y
equilibrio entre las partes. Siendo
debidos los honorarios de Letrado y derechos de Procurador devengados por la acusación
particular, propios de un juicio de faltas…”
Asimismo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo, Sección 2ª, Auto de 17 Sep.
2010, rec. 242/2009, FJ 1º.
Por todo ello, en este tipo de supuestos en los que la causa finalice con una sentencia condenatoria por una falta penal pero se haya dirimido como procedimiento abreviado, en el Juzgado de lo Penal, sí será exigible la condena en costas a la parte denunciada.
Aitor Martín Ferreira. Abogado de Salamanca.
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